El plan general contable establece en su marco conceptual, como uno de los principios contables básicos, el principio de empresa en funcionamiento. Este principio implica que la gestión de la empresa continuará en un futuro previsible.

En aquellos casos en que no resulte de aplicación este principio, la empresa aplicará las normas de valoración que resulten más adecuadas para reflejar la imagen fiel, pudiendo en su caso considerar los valores liquidativos como mejor opción para conseguir este objetivo.

Los administradores de la entidad habrán de realizar una valoración de los hechos o condiciones que pueden generar dudas sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Esta valoración, implica la formulación de un juicio sobre aspectos tales como:

  • los resultados futuros de la entidad,
  • la capacidad futura de financiación de la empresa
  • la capacidad para generar flujos de tesorería para hacer frente a sus pasivos, etc.

Si tras este análisis se detectan incertidumbres materiales que afecten al principio de empresa en funcionamiento, la empresa tendrá que revelarlas en la memoria de las cuentas anuales en el apartado de “bases de presentación de las cuentas anuales”, tanto los factores que causan duda como aquellos otros que la mitigan. Estos efectos mitigantes, se refieren por ejemplo, a las actuaciones que pueda realizar la dirección para mejorar la situación financiera, planes para liquidar activos, para renegociar la deuda con las entidades de crédito, posponer pagos, aumento de capital, etc.

Desde el punto de vista de la auditoría de cuentas, tal y como se contempla en la NIA-ES 570 revisada, es responsabilidad del auditor:

  1. Averiguar si existen hechos o condiciones que puedan incidir en la aplicabilidad del principio de empresa en funcionamiento, en caso de que existan estas dudas.
  2. Asegurarse de que la sociedad ha evaluado correctamente dichas condiciones y hechos, considerando si se ha contemplado toda la información relevante que afecta, verificando que la valoración realizada por la empresa, cubre al menos, los 12 meses posteriores a la fecha de los estados financieros. En el caso de que el periodo sea inferior, deberá solicitar que lo amplíen.
  3. Ponderar si las circunstancias detectadas tienen tal envergadura que constituyen factores causantes de una incertidumbre material sobre la aplicabilidad del principio, en cuyo caso
  4. Revisará si la entidad ha dado información en la memoria y si la información suministrada abarca todos los hechos y circunstancias detectados con incidencia en el referido principio.

La valoración realizada por la dirección de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento es una parte fundamental en el trabajo que realizará el auditor y sobre la cual, deberá basar sus conclusiones. Sin embargo, las limitaciones del auditor para detectar incorrecciones materiales en relación con la aplicabilidad del principio de empresa en funcionamiento, son mayores con respecto a hechos o condiciones futuros que puedan dar lugar a que una entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.:

Todo lo descrito hasta el momento, tiene las siguientes implicaciones en el informe de auditoría a emitir:

  1. Utilización inadecuada del principio de empresa en funcionamiento: Si los estados financieros se han preparado utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, pero a juicio del auditor, la utilización del mismo no resulta adecuada para la preparación de las cuentas anuales, el auditor expresará una opinión desfavorable.
  2. Utilización adecuada del principio de empresa en funcionamiento, pese a la existencia de una incertidumbre material:
    1. Si se revela adecuadamente la incertidumbre material en los estados financieros, el auditor expresará una opinión no modificada y el informe de auditoría incluirá una sección separada con el subtítulo “Incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento”.
    2. Si no se revela adecuadamente la existencia de una incertidumbre material en los estados financieros, expresará una opinión desfavorable o con salvedades, en función del contenido de la NIA-ES 705 revisada. Figurará en el párrafo de “Fundamento de la opinión con salvedades” o “Fundamento de la opinión desfavorable”, que existe una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, y de la que los estados financieros no informan adecuadamente.

Finalmente quisiéramos insistir que -tal y como apunta la norma- no podemos olvidar, que la función del auditor no es realizar una predicción sobre hechos futuros. Por lo tanto, el hecho de que el informe de auditoría no mencione la existencia de una incertidumbre material que afecte al principio de empresa en funcionamiento, no es garantía de la capacidad de la empresa para continuar su actividad durante un período de tiempo determinado tras la emisión del mencionado informe.

 

La Consellería de Economía, emprego e industria publicó la Orden del 7 de marzo de 2017 por la que se establecían las bases reguladoras y se procedía a la convocatoria pública de subvenciones para la programación de acciones formativas dirigidas prioritariamente a las personas trabajadoras desempleadas (AFD) en la Comunidad Autónoma de Galicia, correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018.

La cuenta justificativa de los gastos de la acción formativa, deberá acompañarse de un informe de auditoría de la misma, en los términos que se establecen en la orden EHA/1434/2007 de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de auditores de cuentas en la realización de trabajos de revisión de las cuentas justificativas de subvenciones, que obliga al auditor a revisar la adecuación de la misma.

Los gastos que los beneficiarios podrán justificar son aquellos que sean estrictamente necesarios para la realización de las acciones formativas, efectivamente realizados y pagados. Los justificantes de los gastos serán admisibles cuando sean anteriores o posteriores en un mes a la fecha de inicio o finalización de la acción formativa respectivamente.

A diferencia de lo que sucedía en la convocatoria del año anterior, en la que los plazos para la presentación de la cuenta justificativa y el correspondiente informe de auditoría eran muy ajustados, en la presente orden se establece que:

  1. En las acciones formativas que terminen antes del 30 de noviembre del 2017, la fecha límite para la presentación de la documentación requerida será el 15 de diciembre de 2017.
  2. Las acciones formativas que terminen después del 30 de noviembre del 2017, la fecha límite para la presentación de la justificación final será de un mes desde la finalización de cada acción formativa.
  3. El límite para finalizar las acciones formativas será el 30 de junio de 2018. En este caso, el límite para presentar la cuenta justificativa junto con el informe de auditoría será el 15 de julio de 2018.

Con la ampliación de los plazos para la presentación de la cuenta justificativa y del informe de auditoría, especialmente en el caso de aquellos cursos que finalizan en fechas próximas a la fecha límite de justificación, se evitan situaciones problemáticas para los beneficiarios que en muchos casos no tenían margen para justificar todos los gastos en los que habían incurrido. Al mismo tiempo permite al auditor de cuentas mayor margen para plantear también su trabajo de manera más sosegada.

Auditora Galega de Contas, S.L.P. dispone de una amplia experiencia y personal adecuado para la realización de la Auditoría de la Cuenta Justificativa de los cursos AFD, avalado por más de 30 informes realizados en el periodo anterior. Por ello invitamos a los centros beneficiarios de este tipo de ayudas a que se pongan en contacto con nosotros.

Los informes referidos a las cuentas anuales iniciados a partir del 17 de junio de 2016 o contratados posteriormente a 1 de enero de 2018 (independientemente al ejercicio que se refieran )sufrirán un cambio sustancial tanto en su estructura como en el contenido del mismo, atendiendo a las últimas modificaciones en las Normas Internacionales de Auditoría en España (NIA-ES).

Con carácter general de entre las novedades destaca:

  1. la inclusión de un nuevo apartado correspondiente a los riesgos considerados más significativos, y
  2. modificación del orden en los párrafos, dando total prioridad a la opinión, que pasa a ser el primer punto del informe con el que se va a encontrar el lector.

Analizando en detalle la estructura del nuevo informe de auditoría, éste quedaría del siguiente modo:

Título, en el propio título del informe debe indicarse que el mismo es emitido por un auditor independiente, lo que implica que ha cumplido con los requisitos de ética profesional.

Opinión, que podrá clasificarse como opinión favorable o bien opinión modificada, la cual abre a su vez tres posibilidades (con salvedades, desfavorable o denegación de opinión). Esto no sufre modificaciones respecto a lo que ya existía.

Fundamento de la opinión, donde se realizará, entre otras manifestaciones, si el auditor ha detectado incumplimientos y/o limitaciones en la realización de su trabajo y que afectasen a la opinión. En el caso de que no se hayan detectado (caso de opinión favorable o incumplimientos no materiales y no generalizados), implica un párrafo estandarizado declarando que el trabajo se realiza de acuerdo a normativa reguladora y de forma independiente.

Incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento, se incluirá como una sección independiente en el informe de auditoría cuando exista una incertidumbre material, adecuadamente explicada en las cuentas anuales, sobre la hipótesis de empresa en funcionamiento. En caso de que no exista duda sobre la aplicabilidad del principio de empresa en funcionamiento aún existiendo una incertidumbre material que inicialmente pudiera plantear dudas, no existirá este párrafo si bien podría recogerse esta cuestión como aspecto relevante de la auditoría.

Párrafo de énfasis, aparecerá en el informe en determinadas circunstancias y su función es enfatizar o resaltar algún aspecto o información, incluida en las cuentas anuales, que a juicio del auditor es relevante para los destinatarios. No supone un problema o salvedad.

Aspectos más relevantes de la auditoria (entidades no EIP)/Cuestiones clave de la auditoría (EIP), punto totalmente novedoso y que trata de proporcionar información adicional a los usuarios. La información a revelar en este punto será diferente según se trate de empresas clasificadas de interés público (EIP) o no. Las sociedades de interés público son aquellas (entre otras) cuyo importe neto de la cifra de negocios y plantilla media durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, sea superior a 2.000.000.000 de euros y a 4.000 empleados.

Se describirán aquellas cuestiones que hayan sido significativas en el transcurso de la auditoría, previamente comunicadas a los responsables de la entidad. Tal y como detalla el artículo 5, Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, deberá incluirse en esta sección la siguiente información:

“…../….. Asimismo, se describirán los riesgos considerados más significativos de la existencia de incorrecciones materiales, incluidas las debidas a fraude, un resumen de las respuestas del auditor a dichos riesgos y, en su caso, de las observaciones esenciales derivadas de los mencionados riesgos. “

En el caso de Entidades de Interés Público será obligatorio informar de:

a) las áreas de mayor riesgo de incorrección o riesgos significativos, y

b) de los juicios significativos del auditor sobre estimaciones contables realizadas por la dirección (con un alto grado de incertidumbre) así como

c) del efecto en la auditoría de otros hechos producidos en el desarrollo del trabajo de revisión por parte del auditor.

En el caso de Entidades no calificadas de Interés Público será obligatorio únicamente informar del punto a) antes reflejado y voluntariamente se podría informar de los aspectos b) y c).

Párrafo de otras cuestiones, incluye explicaciones que facilite al lector la comprensión del trabajo de auditoría, responsabilidades del auditor o una explicación del propio informe. La diferencia con los párrafos de énfasis radica en que no se refiere a aspectos reflejados en las cuentas anuales.

Párrafo de otra información, que incluye aquella información que se presenta acompañando a las cuentas anuales en base a la legislación, generalmente se referirá al informe de gestión. En el caso de que la entidad presente el Informe de Gestión, el auditor estará por tanto obligado a pronunciarse sobre la concordancia de la información incluida en el mismo con los datos reflejados en las cuentas anuales, y opinar si éste cumple con la normativa que le resulte de aplicación.

Sección sobre la responsabilidad de los administradores, donde se describe la responsabilidad en la preparación de las cuentas anuales y la aplicación del control interno.

Sección sobre la responsabilidad de los auditores, donde se delimita la responsabilidad y declara la independencia del auditor, el alcance de la auditoría y la forma en que se organiza y planifica. Esta sección aumenta mucho su contenido y detalle por lo que podrá proporcionarse en un anexo al que se haría referencia en el informe.

Sección de otros requerimientos legales, se incluirá sobre todo en informes de cuentas anuales de empresas de interés público.

En resumen, la nueva legislación que regula la formación de opinión y emisión de informe ha tratado de aumentar la información en el informe para facilitar la comprensión por parte de lector de la opinión emitida. Esta modificación necesitará de un período de adaptación tanto para los auditores como para los usuarios.

La auditoría de las cuentas anuales es una cuestión regulada fundamentalmente en la Disposición Adicional 1ª del la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. En ella se indica que deberán someterse en todo caso a auditoría de cuentas las entidades cualquiera que sea su naturaleza jurídica en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. Que emitan valores admitidos a negociación en mercados…
  2. Que emitan obligaciones en oferta pública.
  3. Que se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera…
  4. Que tengan por objeto social cualquier actividad sujeta al Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados….
  5. Que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios o suministren bienes al Estado y demás organismos públicos dentro de los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto, (600.000 euros actualmente según RD 1517/2011).
  6. Las demás entidades que superen los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto. Dichos límites se referirán, al menos, a la cifra de negocios, al importe total del activo según balance y al número anual medio de empleados, y se aplicarán, todos o cada uno de ellos, según lo permita la respectiva naturaleza jurídica de cada sociedad o entidad.

En este último punto se regula (aunque no se concreta) el caso que más habitualmente ha venido obligando a las entidades (fundamentalmente mercantiles) a auditar sus cuentas anuales. En concreto los límites que resultan de aplicación son los establecidos en el artículo 49 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización que modifico los artículos 257.1 y 263 del TRLSC. Es a partir de esta redacción cuando dejan de coincidir los parámetros que obligan a formular cuentas anuales normales con los parámetros que establecen la obligatoriedad de auditoría.

Los parámetros que desde ese momento obligan a la auditoría de cuentas anuales en caso de superarse quedan establecidos como se indica en el siguiente cuadro resumen:

Parámetros de referenciaSociedades mercantiles (art 263 TRLSC)Resto de entidades
Total de las partidas del activo 2.850 miles €4.000 miles €
Importe neto de la cifra anual de negocios 5.700 miles €8.000 miles €
Número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio 5050

En ambos casos las sociedades quedan obligadas o dejan de estar obligadas si durante dos ejercicios consecutivos sobrepasan o dejan de sobrepasar, respectivamente, dos de los tres límites cualesquiera anteriores, a fecha de cierre de cada uno de los ejercicios considerados.

Si se trata del primer ejercicio de vida de la sociedad, basta con que se sobrepase ese primer año para que opere la obligatoriedad de auditoría.